“Que no quede duda: desde la legalidad, legitimidad y respeto de los derechos humanos, acompañaremos toda acción contra la delincuencia a favor de un Estado democrático de derecho”, dijo el titular de la CDHDF.

La Jornada On Line

12/05/2008

México, DF. El ombudsman capitalino, Emilio Alvarez Icaza, exhortó a todos los niveles de gobierno y a la sociedad a la creación de un pacto nacional con el fin de resolver el grave problema de seguridad que impera en el país.

Al presentar ante el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, el informe anual de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Alvarez Icaza afirmó que este órgano acompaña desde la legalidad toda acción contra la delincuencia.

“Que no quede duda, desde la legalidad, legitimidad y respeto de los derechos humanos, acompañaremos toda acción contra la delincuencia a favor de un Estado democrático de derecho”, enfatizó.

No obstante, el titular de la CDHDF aseveró que “el enorme problema de la seguridad tiene que resolverse en el marco de un pacto nacional que involucre no sólo a la fuerza pública, sino también a gobiernos de distintos signos y a la sociedad”.

En materia de democracia y política, el funcionario consideró que si bien en las últimas tres décadas ha habido avances en cuanto a transición política, aún no es posible afirmar que la democracia en México ha alcanzado normalidad: “las elecciones federales de 2006 así lo muestran”.

En ese sentido, el ombdusman destacó que el desafío más importante para mantener vigentes los derechos en una democracia incipiente es la funcionalidad y la eficacia del Estado mexicano.

Pidió por ello que desde el ámbito local se consolide una agenda de derechos humanos enfocada en atender aquello que requiere respuesta puntual por parte de los tres órdenes de gobierno, es decir, una política general en materia de seguridad pública en el marco de la profunda reforma al sistema de justicia, mecanismos que atiendan y aminoren la exclusión, la pobreza, la discriminación y la intolerancia, todo ello a través de mecanismos que combatan la impunidad con la que diversos actores públicos y poderes de facto se conducen en el espacio público.

Agregó que desde la óptica de la CDHDF, las garantías individuales y la democracia son aspectos cuya mutua implicación supone un Estado democrático de derecho.

En este orden, precisó, en la capital del país se han dispuesto nuevas posibilidades para el ejercicio pleno de derechos. Citó así la ley de sociedad de convivencia, la ley de voluntad anticipada, las reformas relativas a la interrupción legal del embarazo, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la ley de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

“Todos éstas, dijo, ejemplos de un nuevo impulso reformador en materia de derechos humanos para nuestra ciudad. Reconocemos a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal esta labor”.

En cuestión de cifras, Alvarez Icaza informó que durante 2007 se recibieron 7 mil 685 quejas en total. De estas peticiones se desprende que en comparación con el año 2006, disminuyeron las dirigidas a organismos centralizados de la administración local. Sin embargo esto no sucedió con entes como la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), la Secretaría de Salud y los gobiernos delegacionales, que se incrementaron de manera preocupante.

Asimismo, de enero a diciembre del año pasado la CDHDF emitió un total de 19 recomendaciones. De ellas, 13 fueron aceptadas, 5 parcialmente aceptadas y sólo una no fue aceptada por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Por orden de número de recomendaciones dirigidas, las dependencias involucradas son la PGJDF con 9, la Secretaría de Gobierno con 7, la Secretaría de Seguridad Pública con 6, la Secretaría de Salud con 3; la jefatura de Gobierno con 2, el Sistema de Transporte Colectivo Metro con 1.

Antes de finalizar su presentación, el funcionario manifestó su aspiración a consolidar una sociedad “donde no haya mujeres víctimas del maltrato y la violencia; donde no sea posible la violencia en contra de los niños; donde los pueblos indios sean respetados e incluidos desde su diversidad, donde un homosexual, una lesbiana, un travesti, un transgénero, un transexual o un intersexual no tengan miedo de salir a la calle y expresar públicamente sus orientaciones o preferencias sexuales; donde los migrantes y refugiados se les trate como hermanos; donde no se discrimine a nadie por ser joven o adulto mayor; donde las personas con discapacidad sean tratadas con respeto a su dignidad; donde no haya víctimas de trata y víctimas de la explotación comercial sexual, particularmente infantil. Esto es, una ciudad de todos y para todos”.