Ciudad de México, 28 de septiembre (© AVS/Enkidu; fotos © Enkidu): Ante numerosos medios de comunicación y teniendo como invitados para atestiguar el evento, el Diputado federal David Sánchez Camacho y Manuel Amador, integrante del Partido Alternativa Socialdemócrata, Quetzalcóatl Leija Herrera, Presidente del Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Humano Integral A.C. (CEPRODEHI), presentó una denuncia formal de hechos ante la Comisión Sancionadora de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Secretaría de Gobernación, contra el obispo de la Iglesia Católica en Acapulco.

Monseñor Felipe Aguirre Franco; el obispo auxiliar de ésa diócesis, Juan Navarro Castellanos; el obispo de Chilpancingo, Alejo Zavala Castro; el Presidente de la Pastoral Social de Acapulco, Jesús Mendoza Zaragoza; y el pastor de la Iglesia Bautista, Gabriel Arteaga López, todos ellos miembros del Consejo Interreligioso de Guerrero (CIG), solicitando la sanción correspondiente por interferir en los procesos legislativos respecto a las iniciativas de Ley de Sociedad Universal de Convencia y otra sobre la interrupción del embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación, ambas piezas legales se discuten actualmente en la LVIII legislatura del estado de Guerrero.

La denuncia se basa en actividades políticas que incluyen negociaciones de lobby ante la Comisión de Gobierno del Congreso estatal; ante la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional; comunicados a todos y cada uno de los integrantes de la LVIII legislatura local; conferencias de prensa; así como declaraciones contra partidos políticos que apoyaban las dos iniciativas legales mencionadas con antelación.

Entre las afirmaciones documentadas en la demanda, sobresalen algunas como la que asegura que a los legisladores del PRD se les ha “metido el diablo”; que “están haciéndoles el juego a un rancio neoliberalismo”; que la aprobación de tales iniciativas será una “derrota vergonzosa” para la izquierda mexicana; que actúan como Judas, Herodes y Pilatos, por mantener una “ingenuidad diabólica”, ser “hijos de las tinieblas” y “enemigos de la Iglesia”; así como calificar los proyectos legislativos como una “maquiavélica y diabólica tentativa”. Dichas personas, mediante actos de culto, exhortaron a los católicos a manifestarse en contra de las iniciativas legales, bajo amenaza de excomunión y a quienes se les pidió no votar por los partidos políticos que les favorecieron.

Durante la reunión, encabezada por Florencio Salazar Adame, Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, los presentes enfatizaron la importancia de la Secretaría de Gobernación, como autoridad máxima responsable de atender la defensa del Estado laico. Además, algo que se hizo incapié es que la denuncia tiene como objetivo la defensa de este Estado laico a fin de que la libertad de expresión se garantice pero no para promover el odio ni la homofobia.

Manuel Amador habló sobre “promover las libertades de las conciencias individuales. La Jerarquía Católica ni la Iglesia Bautista, como instituciones religiosas, no deben coartar los derechos humanos y las libertades de las personas gay, lésbicas, bisexuales, transgénero, transexual y travesti del país. Con el pretexto de las libertades individuales no pueden promover la violencia, el odio y mucho menos considerando la cantidad de crímenes de odio por homofobia. No podemos hablar de democracia y de gobernabilidad cuando este tipo de declaraciones promueven el odio y la inseguridad.”

El Diputado Sánchez Camacho (PRD) cuestionó bajo esta idea de la libertad de expresion en las que la iglesias sustentan en sus declaraciones, cuál sería la reacción de la Iglesia Católica si, durante un acto de culto católico, integrantes de las Comunidades GLBTTT tomasen la Catedral en plena misa, ejerciendo, pues, su libertad de expresión.

En la búsqueda de la preservación del Estado de Derecho, los asistentes al acto preguntaron sobre el tiempo que debe esperar la sociedad mexicana para conocer la resolución de la Secretaría de Gobernación, a lo que el Subsecretario contestó que una subcomisión, formada por dos miembros, uno encargado de asuntos jurídicos, otro de derechos humanos, primero deberán determinar la viabilidad de esta denuncia y, en caso de ser procedentes, llamarán a atestiguar a las partes y de ahí saldrá una resolución. Sin embargo, no dio un plazo específico.