El Constitucional podría arruinar toda la obra legislativa de ZP, empezando por el Estatut

• Pero es más: toda la ‘obra’ legislativa de Zapatero corre peligro por los recursos

30-05-2007 - Manuel Ángel Menéndez

Nadie en su sano juicio querría en estos momentos estar en la piel de la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas. Esa altísima Institución del país está en ebullición y, según nos cuentan, las presiones son tan altas que la olla está a punto de explotar. La culpa no sólo la tiene el Estatut de Cataluña, sino toda la reforma legislativa de Zapatero, sobre la que se han planteado -y admitido- recursos de inconstitucionalidad. El temor del Gobierno es que las grandes leyes de ZP puedan quedarse en pólvora mojada… y que la sentencia sobre el Estatut salga antes de las próximas elecciones generales.

En estos momentos, sobre el Estatuto de Cataluña pesan siete recursos de inconstitucionalidad. Pero el primero el entrar y ser admitido a trámite fue el interpuesto por el Partido Popular. Luego, ése es el orden de resolución: primero el del PP y luego todos los demás. Ahora bien, lo que el Constitucional resuelva sobre el recurso del PP sentará jurisprudencia; es decir, será aplicable a los demás recursos sobre el Estatut que se vean a continuación. Y debemos recordar que para el recurso del PP ha sido recusado -no podrá estar en las deliberaciones ni por tanto votar- el magistrado Pablo Pérez Tremps, lo cual complica muchísimo las cosas para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y para su ‘vertebración’ de España.

En síntesis, ése es el problema y de ahí las enormes presiones que se están recibiendo en el alto tribunal tanto desde el Gobierno de la Nación como del principal partido de la oposición.

Para entender esas presiones hay que recordar que el Constitucional está formado por doce magistrados, pero que cada uno se identifica, lógicamente, con una opción política personal. Es decir, que en el Constitucional también se refleja la ‘España partida por dos’ que se observa en la realidad social y que se ha podido ver de nuevo en las elecciones del 27 de mayo.

Así, por el lado más conservador se encuentran los magistrados Guillermo Jiménez Sánchez (académico, moderado), Vicente Conde Martín de Hijas (juez, moderado), Javier Delgado Barrio (juez, moderado), Roberto García-Calvo (juez, conservador), Jorge Rodríguez-Zapata (académico, conservador) y Ramón Rodríguez Arribas (juez, conservador). Es decir, seis magistrados.

Por parte, digamos, progresista se identifican la propia presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas (académica), Elisa Pérez Vera (académica), Eugeni Gay Montalvo (jurista), Pascual Sala Sánchez (juez), Manuel Aragón Reyes (académico) y Pablo Pérez Tremps (académico). Es decir, seis magistrados.

Para explicarlo de una forma simple -y en el supuesto de que ambos grupos votaran en bloque- el resultado de las votaciones sería un empate a seis. Pero se da la circunstancia de que en ese caso se aplicaría el ‘voto de calidad’; es decir, que el voto de la presidenta Casas valdría doble, lo que daría la mayoría al sector, digamos, progresista.

Sin embargo, al haber sido aceptada la recusación de Pérez Tremps, del sector progresista, el sector conservador se queda con la mayoría: seis a cinco, por lo que no cabe la utilización del ‘voto de calidad’.

Y ése, precisamente, es el temor del Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero: que la sentencia del Constitucional sobre el Estatut catalán –una de las grandes ‘obras’ de Zapatero- suponga tal varapalo al Gobierno que influya de forma definitiva en las elecciones generales de 2008. Y de ahí también que el Constitucional reciba presiones terribles desde los dos frentes políticos para resolver esta cuestión cuanto antes: unos –el PP- quieren que sea antes de las generales y otros –el PSOE y el Gobierno- quieren que se retrase para después.

Según el orden de llegada

Pero, ¿cómo están las cosas en el Constitucional? Por lo que respecta al Estatut de Cataluña, ya ha quedado resuelta por completo la fase procesal previa. Se han resuelto las recusaciones planteadas –por primera vez en la historia de este Tribunal se ha recusado a tres y magistrados, además de a la propia presidenta, aunque sólo se ha aceptado la de Pérez Tremps- y se ha resuelto –negativamente en este caso- sobre la acumulación de recursos planteada por la Generalitat de Cataluña. Ahora sólo queda el debate en sí mismo sobre la inconstitucionalidad del Estatut.

Ahora bien, ¿cuándo se resolverá la cuestión, es decir, en cuánto tiempo y por cuál orden? En primer lugar, existe el compromiso de resolver primero la cuestión de inconstitucionalidad planteada por las Comunidades aragonesa y murciana sobre la reforma del Estatuto de Valencia. Luego, ése será el primer contencioso en ser resuelto por el Constitucional.

Luego vendrá la inconstitucional del Estatut catalán. Ahora bien, al no ser admitida la acumulación de recursos, el Tribunal verá en primer lugar el planteado por el PP, que fue el primero en ser registrado, y después todos los demás por su orden de entrada. Dado que cuando se vea el recurso del PP no estará Pérez Tremps, como apuntábamos arriba, pero sí estará este magistrado en la vista de los demás recursos, para los que no ha sido recusado, ¿podría incurrir el Constitucional en algún tipo de contradicción respecto a lo que resuelva sobre el del PP y lo que resuelva en los demás casos? La respuesta es no, porque lo que sentencie el Constitucional en el recurso del PP creará jurisprudencia; es decir, que será de obligado cumplimiento en los demás casos.

Pese a ello, desde el Gobierno se sostiene hasta la terquedad que existirán contradicciones, cuando las mismas han quedado resueltas por los propios magistrados del Tribunal Constitucional. Y sorprende esa terquedad cuando hay prestigiosos juristas en el Gobierno y en la Moncloa, como Fernando Escribano, director del Gabinete de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que él mismo ha sido letrado del propio Tribunal Constitucional.

Claro, como Pérez Tremps no estará en las deliberaciones del recurso del PP y como, por lo tanto, el sector conservador estará en mayoría, de ahí el temor del Gobierno a que el Constitucional tire abajo numerosos e importantísimos artículos del Estatut catalán. Y eso ocurre, y ocurre además antes de las elecciones generales, la ‘pólvora’ del PP contra el Gobierno de ZP se puede convertir en ‘bomba de hidrógeno’. De ahí, por tanto, las presiones de uno y otro signo sobre el Alto Tribunal.

La ‘obra’ de Zapatero, en cuestión

No obstante, con ser grave todo lo anterior, no es más que la punta del iceberg: toda la ‘gran obra’ legislativa de Zapatero está en entredicho; es decir, que sobre la misma pesan recursos de inconstitucionalidad. En estos momentos están cuestionadas leyes importantísimas como la Ley de Dependencia, recurrida por el Gobierno de Navarra sobre todo por la cuestión de la financiación; la Ley de Igualdad, empeño personal de la vicepresidenta Fernández de la Vega, recurrida por un juez de Tenerife; la ley del matrimonio gay, recurrida por el Partido Popular, y, entre otras, la ley integral contra la violencia de género, recurrida por múltiples jueces que no ven claro, sino más bien oscuro, eso de la ‘discriminación positiva’ que la vice de la Vega y el ministro Caldera se han sacado de la manga.

Y queda una última cuestión: ¿qué va a ocurrir con la nueva Ley Orgánica del Tribunal Constitucional? El PP se está planteando un recurso de inconstitucionalidad de la misma sobre todo por la posibilidad de nombramiento de magistrados autonómicos. Lo dicho, un enorme lío político.